Publicado originalmente en Animal Político

Por: Diego de la Mora Maurer

En México convivimos con una cruel paradoja alimentaria: mientras aumenta el número de personas que no puede acceder a alimentos, se incrementa el número de personas con problemas de obesidad. Según cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), entre 2012 y 2014 el núemero de personas con carencias por acceso a la alimentación en el sector rural pasó de 8.4 a 8.9 millones: alrededor de 500,000 personas. Al mismo tiempo, según la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México alrededor de 70% de la población tiene problemas de sobrepeso.

Esta situación no es producto de la casualidad sino de una serie de políticas públicas que han privilegiado el consumo de alimentos procesados y la producción agroindustrial. Una política subsidiada, en buena medida, con el dinero de nuestros impuestos. El proceso de planeación del presupuesto para 2016, en el que se realizó una reingeniería del gasto público, parecía una oportunidad para transformar las políticas hacia el campo y para orientar los recursos públicos hacia la agricultura campesina de pequeña escala.

Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2016 no tiene una orientación hacia las y los pequeños productores y tampoco mejorará el medio ambiente, la salud alimentaria y, en general, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país. Si las y los diputados no intervienen decididamente, los recursos para el desarrollo productivo del campo sufrirán un recorte con relación al presupuesto aprobado para 2015: la Función de gasto “Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza” podría tener una reducción de 21.5% respecto al presupuesto aprobado en 2015. Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tendría una reducción de 15.6%. La participación de SAGARPA respecto al presupuesto de todos los Ramos administrativos se reduciría de 7.8% en 2015 a 7.0% en 2016.

Dichas cifras presupuestarias tienen impactos específicos para las personas porque el presupuesto es la herramienta de política económica más importante para atender las necesidades de la población: es en este documento en donde se establecen las prioridades del Estado a través del gasto público. En la Exposición de Motivos del PPEF 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explica cómo utilizó la metodología propuesta por el Coneval para distinguir los programas prioritarios para reducir las carencias por acceso a distintos derechos sociales. Según dicha metodología, los programas más relevantes para atender las carencias alimentarias son los siguientes:

Institución Nombre del Programa PEF 2015 PPEF 2016 Variación PPEF 2016-PEF 2015
SEDESOL Servicios a grupos con necesidades especiales 321.7 321.7 0.0%
SEDESOL Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 253.2 256.1 1.1%
SEDESOL Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,202.6 1,202.5 0.0%
SEDESOL Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 2,056.9 2,056.9 0.0%
SEDESOL Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 332.9 332.9 0.0%
SEDESOL Programa de Empleo Temporal 1,429.5 1,429.5 0.0%
SEDESOL Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social* 41,098.3 46,327.6 11.3%
SEDESOL Programa de Apoyo Alimentario 5,229.3 0.0
SEDESOL Pensión para Adultos Mayores 43,833.6 39,486.5 -11.0%
SHCP Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,233.0 1,233.0 0.0%
SEDESOL Seguro de Vida para Jefas de Familia 1,082.2 1,082.2 0.0%
SEP Programa Nacional de Becas 14,123.8 14,151.8 0.2%
SEDESOL Subsidios a programas para jóvenes 70.1 70.1 0.0%
SEDESOL Comedores comunitarios 3,150.2 3,150.2 0.0%
*Para el PPEF 2016, el Programa de Apoyo Alimentario se fusionó con el Programa PROSPERA de Inclusión Social, lo cual explica el aumento de 11.3% de PROSPERA.

Fuente: elaboración propia con base en Coneval y SHCP.

Hay dos cuestiones que son preocupantes de la información que presenta la SHCP: la primera es que ninguno de los programas presupuestarios son fuertemente prioritarios para atender las carencias por acceso a la alimentación, es decir, “los bienes o servicios que entregan no abaten los indicadores de las Carencias de Acceso a la Alimentación” . En segundo lugar, los montos que se asignaron para la mayoría de dichos programas en el PPEF 2016 son, en términos reales, los mismos que aprobaron para 2015: no se aumentan los recursos asignados para reducir las carencias alimentarias de la población.

A pesar de que el PPEF 2016 incluye por primera vez un Programa de Apoyos al Pequeño Productor, lo cual es una señal de que las políticas hacia el campo pueden transformarse positivamente, se requiere de otra serie de modificaciones que podría realizar la Cámara de Diputados durante la negociación presupuestaria, entre las que se encuentran la reducción del tope de apoyo del Proagro Productivo de 80 a 20 hectáreas y el establecimiento de un tope de hasta 35 cabezas de ganado para el Progan, así como ampliar los recursos del Programa de Apoyo a Pequeños Productores (S266) 3,200 millones de pesos a 60 mil millones de pesos.

Dicen que Einstein dijo que no se pueden obtener resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas. Las políticas hacia el campo tienen que modificarse si queremos mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de 8.9 millones de personas. Las alternativas para apoyar a las y los campesinos y mejorar el acceso a la alimentación están en las manos de las y los diputados. Es hora de devolverle al campo algo de lo que nos da todos los días.