Publicado originalmente en Animal Político

Se comprueba que existe un escaso apoyo a la pequeña agricultura de parte de SAGARPA. Es decir, los pequeños productores son quienes predominan en el campo mexicano y son quienes reciben menos beneficios.

Distintos estudios afirman que el ejercicio del gasto por parte de SAGARPA tiende a favorecer a productores de mayor escala productiva. Existe una relación directa entre ambas variables: a mayor tamaño de predio una mayor asignación presupuestal para las actividades productivas.

Estos estudios comprueban que:

  1. Es evidente la exclusión de los minifundistas en el programa de Procampo.
  2. Minifundistas sólo son apoyados con agricultura por contrato y, por ende, con coberturas de precios, un universo muy reducido de productores en relación al total de los que cultivan granos en México (alrededor del 11%).
  3. La ganadería de carne que se lleva la mayor parte del recurso: el 2.46% de los perceptores que tienen más de 155 UA se llevaron 32.62% de los recursos entregados a este tipo de ganadería.
  4. Al analizar el ejercicio del presupuesto ejercido por SAGARPA en el periodo 2007-2010 se encontró que a los productores que más se apoyó fue a aquellos con predios más grandes y capitalizados.
  5. Los datos revelan concentraciones extremas de los beneficios para todos los programas, con excepción de Procampo, en el ordenamiento ajustado por calidad de la tierra. El decil de los productores más pobres (en ambos ordenamientos) recibe una décima de punto porcentual de Ingreso Objetivo, fracción igualmente insignificante de subsidios de energía/irrigación, y sólo entre 2 y 3% de Procampo.

Adicionalmente es evidente la desigualdad y concentración de la vertiente productiva y financiera. La política pública de apoyo a la producción se encuentra altamente concentrada en muy pocos estados y en muy pocos productores. Cinco entidades del norte del país (Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Jalisco) que contienen al 9% de las unidades productivas que existen en el país concentraron 38.9% del presupuesto de la vertiente de Competitividad; 43.6% del recurso operado por FINRURAL, y 42.6% del crédito FIRA mientras que en 16 entidades del país (la mayoría del centro y sur), donde se localizan el 42.6% de las unidades productivas sólo les llegó 26.2, 20.9 y 17.1 por ciento del presupuesto respectivamente. Al calcular el per cápita del presupuesto ejercido en competitividad y financiamiento entre el número total de UP resulta que en las cinco entidades del norte sería de 100,614.00 pesos y en las 16 entidades del sur 19,405.00 pesos, cinco veces menos que en los estados del norte.

Finalmente no se omite señalar la baja cobertura de los programas del Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC). A pesar de que el PEC se compone de más de 150 componentes o programas[1] son muy pocos los que tienen cobertura en la mayoría de los municipios. De los 80 programas analizados, sólo nueve tienen presencia a nivel nacional, siete son de la vertiente Social (Oportunidades, Pensión para Adultos Mayores 70 y Más, Programa de Apoyo Alimentario y el abasto operado por DICONSA, Programa de Abasto Social de leche en sus dos modalidades, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias) y dos de la vertiente de Competitividad, específicamente el PROCAMPO (ahora PROAGRO) y Diésel Agropecuario (que desapareció en 2014).